La edil del PP, Rocío Gómez, es la segunda dimisión por el escándalo de la adjudicación de estas viviendas, similares a las condiciones de las viviendas VPO que hay actualmente en el municipio de Vélez-Málaga.
La concejala de Urbanismo del PP, Rocío Gómez, que se encuentra actualmente de permiso de maternidad, ha anunciado que renuncia a su cargo y que en los próximos días presentará oficialmente su dimisión, después de dos años y ocho meses de desempeño público. Gómez es uno de los cargos del Ayuntamiento que ha resultado adjudicataria de varias viviendas públicas, tal y como ha informado elDiario.es.
La de Gómez es la segunda renuncia tras la de María Pérez-Hickman, quien desempeñaba las funciones de directora general y cuyos dos hijos también obtuvieron sendos pisos protegidos.
Gómez, arquitecta de profesión y nacida en enero de 1993, ha destacado que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18, en la Playa de San Juan.
La concejala ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de permiso por su reciente maternidad.
La polémica relacionada ha provocado un auténtico terremoto político tras saltar a la luz que la concejala Gómez; los dos hijos de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro viviendas protegidas de una promoción de 140 inmuebles que cuenta con zonas comunes, con piscina y pistas de pádel.
Se trata de la primera promoción de vivienda protegida que se construye en la ciudad en décadas en un contexto de burbuja inmobiliaria con precios desorbitados, lo que hace de este tipo de pisos a precios más asequibles tengan una altísima demanda. El residencial es de iniciativa privada y lo levantó y comercializó Residencial Les Naus, Cooperativa Valenciana sobre un suelo municipal que adquirió por 6,6 millones de euros mediante un proceso previo de enajenación.
Al ser vivienda protegida se aplicaron los precios tasados por la administración que en este caso fueron de 1.200 euros el metro cuadrado por lo que las viviendas salieron por entre 200.000 y 230.000 euros, la mitad del precio de mercado en una zona atractiva como es la playa de San Juan.
